La salida de Pedro Chávarry de la Fiscalía de la Nación es una condición necesaria pero no suficiente para acabar con la crisis que asecha al Ministerio Público. Su declaratoria en emergencia es la respuesta política que, al fin, el presidente decidió y que entraña la posibilidad misma de su reforma y reorganización más profunda. Las críticas de apristas y fujimoristas sobre la constitucionalidad del proyecto enviado al Congreso por el Presidente Vizcarra son sólo estratagemas para mantener las cosas como hasta ahora y garantizar así su impunidad.

Los fiscales supremos titulares del Ministerio Público son seis. Cinco integran la Junta de Fiscales Supremos y uno es el representante de dicha institución en el Jurado Nacional de Elecciones. De estos seis integrantes, cuatro, incluyendo al nefasto Fiscal de la Nación, han estado vinculados en audios con César Hinostroza y otros miembros de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”. Es decir, de quedarse en la institución seguirán haciendo lo que hasta hoy: protegiéndose a ellos y a sus socios, y petardeando el trabajo del Equipo Especial liderado por Rafael Vela Barba.

Hay que tener en cuenta que, incluso en el supuesto que Chávarry salga y sea reemplazado por la correcta Fiscal Suprema Zoraida Ávalos, la Junta de Fiscales Supremos seguiría dirigida por una mayoría adversa que le impediría gobernar adecuadamente. El problema de fondo del Ministerio Público es que ha sido enquistado e intervenido en su esfera más alta, por una organización criminal que nombró ahí a varios de sus miembros. No olvidemos que varios de los Consejeros del CNM, que nombraron o ratificaron en sus puestos a estos cuatro fiscales supremos, también han sido sindicados como miembros de la misma organización criminal, y que uno de los fines de ésta fue el copar los más altos cargos en el sistema de justicia. Por ello, cuando se habla de autonomía, quienes lo hacen, parecen olvidar que el Ministerio Público hace tiempo que ya fue intervenido por esta organización criminal. Cabe preguntarse entonces si no hay alguna otra intención subrepticia al defender una autonomía que es, más bien, un manto para la impunidad.

Pero, más allá de lo dicho, que en cualquier parte del mundo sería suficiente para declarar en emergencia una institución tan importante para la vida democrática de la república, está la propia apatía de todos los miembros de la Junta de Fiscales Supremos. Que, incluso sin tomar en cuenta los cuestionamientos individuales que se les pueda hacer, no han sabido estar a la altura de su cargo y de su responsabilidad. Han fallado como autoridades máximas de una institución que hoy va a la deriva. Es como si un barco fuera conducido por un capitán enloquecido y sus pares dejaran que se navegara sin rumbo o, peor, aún, rumbo a una colisión inexorable. Ellos han fallado y recién ahora que ven comprometidos sus puestos salen a pedir renuncias y exigir autonomía. Pareciera que su mayor interés no pasa por preservar la institución a la que pertenecen, sino, sus elevados sueldos. Es patético ver cómo magistrados del más alto nivel que, por temor, complicidad o conveniencia, callaron y avalaron durante todo este tiempo los atropellos al Equipo Especial Lava jato, hoy reclamen autonomía. Parece que ni siquiera son capaces de percatarse que ellos son parte del problema y no de la solución. Por eso, si tuvieran un poquito de dignidad y responsabilidad ya hubieran renunciado, pero parece que en el Ministerio Público de Chávarry y sus colegas, la renuncia es una mala palabra.

Ahora sólo toca dar una solución política a la crisis y está pasa por la declaratoria en emergencia del Ministerio Público, que encargue a una Junta Transitoria de Gobierno lo más plural posible la conducción de la institución. Los fiscales de bien y la ciudadanía deberían ver en esta reforma la posibilidad de enmendar el daño causado. Cerrarse en la defensa de una falsa autonomía es seguir siendo cómplices de quienes sólo velan por sus intereses personales y han instrumentalizado la institución para sus propias fechorías.

Todos hemos sido testigos del triste espectáculo de estos meses y la brutal arremetida contra los valientes y honestos fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Los fiscales del Perú deberían inspirarse en ellos para sacar la fuerza necesaria de tomar el reto de la reforma del Ministerio Público en sus manos. Los ciudadanos ya hemos hecho lo nuestro y no cejaremos en la protesta y la lucha hasta recuperar nuestro Ministerio Público de las manos de esos crápulas que sólo lo denigran y avergüenzan. Decimos nuestro porque es una institución que debe servir a la ciudadanía y a la justicia. En ese sentido, los fiscales de bien en todo el país no pueden seguir un minuto más bajo la mácula de un inefable sujeto que hoy ya usurpa el puesto de Fiscal de la Nación. No se lo merecen ellos y no lo merecemos los ciudadanos.