La firma del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht ha perturbado tanto a los políticos que han pasado del pánico a la ofensiva. Tiros y troyanos se han visto unidos por la misma nefasta característica en común: la corrupción. Han logrado asimilar rápidamente los golpes recibidos por los vertiginosos hechos del año pasado (con la publicación de los audios de la vergüenza, el avance de las investigaciones en el caso lava jato, etc.) recomponiéndose y pasando al ataque.

Lentamente, han vuelto a ocupar instituciones clave como el Poder Judicial, están aprovechado la absoluta falta de dirección en la Fiscalía de la Nación y la modorra en la que ha caído el gobierno que, repitiendo los errores del pasado, ha nombrado a un Presidente del Consejo de Ministros que apuesta por un diálogo imposible. De hecho, se siente cómo el impulso reformista de hace unos meses ha sido súbitamente cambiado por los negocios de antes, como el caso del aeropuerto en Chinchero. Parece que para eso ha entrado Salvador del Solar, para asegurar que los señores de siempre hagan los negocios de toda la vida dejando atrás las incómodas reformas que pueden poner en peligro sus cuantiosas ganancias.

La interpelación al Ministro de Justicia por el acuerdo de colaboración con Odebrecht, celebrado por la fiscalía y no por él, ha servido como un parte aguas que permite ver con claridad quienes están comprometidos en la lucha contra la corrupción y quienes en contra. En esta situación sólo cabe estar a favor o en contra de la corrupción, no son tiempos de titubeos y medias tintas. Ha sido vergonzoso ver, por ejemplo, como líderes de partidos históricos como Acción Popular –que se autoproclama paradigma de la política honesta- hayan caído en la bajeza de los ataques personales a los procuradores que sólo han cumplido con su trabajo. La única explicación posible pueden ser las conocidas relaciones de su ex candidato presidencial con la corrupta empresa brasileña.

Pero la postura del propio gobierno tampoco ha dejado de llamar la atención. Hemos escuchado todos al Presidente Vizcarra criticando la reparación civil propuesta por el propio ejecutivo días antes de la interpelación a su ministro de justicia. Esa es una señal de que la lucha contra la corrupción acabó. Tal vez por la enorme cantidad de involucrados que terminaría afectando a todos. El huracán lava jato parece no haber dejado casa política en píe.

Sin embargo, la efectividad del acuerdo se nota no sólo en el pánico originado ante la cantidad de información y testimonios logrados, sino porque ha servido como un efecto dominó al que ahora se han sumado otras empresas como OAS. Eso ha hecho que todas las Vilcatomas, Keikos, Garcias, Humalas, Flores, Villaranes, Castañedas, kuczynskis, y un largo etcétera, se unan en un único objetivo: derribar el acuerdo de colaboración.

Desde mociones de interpelación hasta proyectos de derogatoria de la ley que permite este tipo de acuerdos, pasando por maniobras legales propias de una leguleya que bien podría ser parte de una caricatura de condorito, por el lado del Congreso. Malas señales en un Poder Judicial al mando de un presidente que insinúa cada vez que puede que es muy difícil que ese acuerdo pase el control de legalidad, como dando una señal de querer canjear eso por el manto de impunidad y protección que seguramente pronto necesitará del Congreso. Por no hablar, de que ese mismo presidente ha designado a un juez supremo, señalado en el valiente informe de la fiscal Sandra Castro como parte de la organización criminal de los cuellos blancos, para que decida sobre la casación presentada por Keiko Fujimori con el fin de obtener su libertad. En el Ministerio Público las cosas tampoco son diferentes, la anónima Fiscal de la Nación, que parece más preocupada en su ceremonia de juramentación que en la lucha efectiva contra la corrupción, ha nombrado a muy cuestionados fiscales para que sean quienes vean las denuncias interpuestas contra los fiscales José Domingo Pérez, Sandra Castro y el Juez Richard Concepción Carhuancho. Que los perseguidos juzguen e investiguen a sus perseguidores es lo que ha decido la Fiscal de la Nación.

El panorama es más desolador aún si a todo esto le sumamos que los ataques han pasado a ser incluso físicos, como el que fue cobardemente perpetrado por militantes de Fuerza Popular en contra del Fiscal José Domingo Pérez, ataque que incluso ha sido minimizado y hasta objeto de bromas por parte de periodistas de Canal N y el programa Panorama. Esto indica que las fuerzas oscuras que antes se dejaron corromper van más allá del ámbito político y alcanza no sólo a las conocidas empresas del club de la construcción, sino a varios medios de comunicación que, como siempre, prefieren ver para otro lado. En esta misma línea de ataques está el que se realiza contra IDL-Reporteros. En el Perú de hoy ser un juez, fiscal o periodista independiente puede costarte la integridad física sin que nadie haga nada por cambiar eso.

El gobierno parece no entender la gravedad de lo que está sucediendo y gobernando más para las encuestas que para el futuro de todos los peruanos, ha decidido dejar a su suerte el destino de una herramienta tan efectiva como el acuerdo de colaboración. La aprobación de este acuerdo por parte del Poder Judicial es fundamental pues significa el arma más importante que tenemos en este momento para luchar contra los que traicionaron y robaron a los más pobres del Perú.

Si el acuerdo no es aprobado por el Poder Judicial o si la ley que lo permite es derogada, entonces, todo lo que hasta ahora se ha conseguido como evidencia contra los investigados quedaría nulo. Sería el fin del sueño de lograr saber la verdad de lo que sucedió en esos años de despilfarro y acabaría con la única oportunidad que tenemos de ver en su lugar a todos los que delinquieron. Nuca como hoy hemos estado más cerca de lograr la justicia y nunca como hoy hemos estado tan cerca de perder esa oportunidad.

Ante eso lo único que queda es que las fuerzas democráticas que aún apuestan por la decencia y la lucha efectiva contra la corrupción se unan en la causa común de la lucha frontal contra ella. Es nuestra obligación mantenernos vigilantes y atentos a cualquier nuevo intento de frenar o amenazar estos avances. No debemos bajar la guardia en la defensa de los fiscales y jueces que han hecho todo esto posible. Aquí no se trata de odios, se trata que aquellos que se corrompieron paguen sus delitos. Lo más extravagante de todo esto que es que todos reconocen que hubo corrupción y sobornos por parte de Odebrecht y las demás empresas, pero a la vez, los políticos de siempre claman inocencia, nadie supo, nadie se dio cuenta, nadie recibió. Entonces, cabe preguntar: A quiénes corrompieron estas empresas?

La sociedad civil organizada que busca la construcción de ciudadanía en un Perú -que a poco de cumplir 200 años de vida independiente- busca aún cumplir con el sueño republicano de sus padres fundadores; es la llamada a hacerle saber a todos estos trúhanes de la política que la justicia, antes que sus leguleyadas, caerá sobre ellos y como dice la canción: pagarán sus culpas los traidores.