Este año será el año de las definiciones. Se decidirá finalmente el destino de la lucha contra la corrupción en el Perú, pues asistiremos al desenvolvimiento de lo ocurrido y preparado durante el convulso 2019. Son tres los hechos políticos, sociales y judiciales que marcaron ese frenético año. En primer lugar, el suicidio de Alan García y con él la extinción de toda una clase de políticos y una manera de entender la política en el Perú. Luego, tenemos la disolución del Congreso como manera de poner fin a una pugna intestina. Finalmente, el arresto de los árbitros y el desfile de la Confiep por las oficinas de la fiscalía, eso marcó y saco a la luz el modo cómo “los dueños del Perú” entienden la política, como un negocio. Hagamos un necesario balance de cada uno de estos hechos e imaginemos cuáles serán sus desenlaces.

El suicidio de Alan García marca el fin del político del siglo XX. Un hombre evanecido por un ego que lo hacía sentir por encima de los demás, prefirió la muerte antes que afrontar a la justicia. Con su decisión demostró, una vez más, que siempre se sintió por encima de la ley y de los demás. Cuando sintió que ya no podía controlar más al Poder Judicial y al Ministerio Público y que un grupo de valientes, honestos e independientes jueces y fiscales iban tras las explicaciones que por más de 40 años de vida política se negó a dar, no tuvo otra respuesta que escribir él mismo su propia sentencia y fugar hacia la muerte.

Su suicidio debe leerse como el paroxismo de la megalomanía que quiso condenarse y se sentenció a la pena capital. Él encarnó al político lleno de palabras y gestos vacíos, sólo movidos por hacerse del poder para poder medrar del Estado. Fue gracias al impecable e implacable trabajo de José Domingo Pérez que ahora podemos ir conociendo cada vez más la parte de sus fechorías que tuvieron que ver con las coimas de Odebrecht. Su costumbre institucionalizada de controlar la fiscalía y el Poder Judicial llegó a su fin cuando se encontró con fiscales independientes y decididos a devolvernos la esperanza y el orgullo ciudadanos. Con su muerte se llevó la posibilidad de que sea juzgado, pero nos reveló el rostro más siniestro e infame del que sí la debe y sí la teme. Por eso, esa muerte es un hecho político de tanta trascendencia porque marca el fin de una época que se resiste a irse, pero que inevitablemente se extinguirá.

Lo mismo sucede con la disolución del Congreso. Marca un hito porque ad portas del bicentenario nos recuerda que estamos en el mismo punto donde empezamos. Divididos, dominados por intereses personales, sin una ciudadanía libre e igual, plagados por la corrupción, incapaces de lograr una institucionalidad fuerte. Nada parece haber cambiado en 200 años de historia republicana. Al contrario, la crisis de ha exacerbado porque se ha sumado la corrupción y el crimen organizado que se ha hecho del Estado. Hemos visto a un Congreso integrado por una bancada mafiosa que sólo quiso blindar a delincuentes en un interminable intercambio de favores, prebendas e impunidad. El 2019 asistimos a lo más asqueroso de nuestra historia, tener ante nuestros ojos a políticos y funcionarios corruptos protegerse mutuamente. Sin salida ante la avalancha de evidencias se atrincheraron en un Congreso que más parecía un reclusorio. La disolución del Congreso fue una consecuencia directa de la lucha contra la corrupción y del apoyo ciudadano que ésta ha logrado.

Es interesante notar cómo es que la ciudadanía apoya esta causa precisamente porque no está liderada ni integrada por políticos sino por fiscales que sólo quieren poder hacer su trabajo. Los ciudadanos son capaces de percibir el abuso constante y la serie de trucos, amenazas, arremetidas, etc., contra ellos. Lo que entusiasma es que a cada arremetida de la mafia agónica los fiscales responden con una nueva revelación que los desnuda en su miseria y podredumbre. Esa es la grandeza de una investigación que ha demostrado en este año que se guía por la búsqueda de la verdad sin ningún tinte político. Pero, sin Congreso al frente el gobierno también viene mostrando su debilidad e incompetencia para resolver los problemas cotidianos y las elecciones próximas tampoco avizoran nada mejor en el horizonte. Tal vez sea que el político del siglo XX esté extinguiéndose pero aún no ha surgido su reemplazo. No hay en el horizonte una propuesta de país, un hacia dónde queremos ir como colectivo, y menos aún un liderazgo capaz de conducir a ello. Tenemos a ciudadanos convertidos en emprendedores y totalmente despolitizados, esa es la herencia del fujimorismo y los 30 años del reinado del neoliberalismo en el Perú.

Pero, de todos los hechos, el más importante para nosotros, por su significación simbólica, ha sido la prisión de los árbitros y el desfile de la Confiep por los pasillos de la fiscalía. Nunca antes un fiscal o un juez se habían atrevido a encarcelar o llamar a los “dueños del Perú”. Ese ha sido el golpe más duro a la oligarquía mercantilista peruana desde la reforma agraria. El mensaje fue claro: aquí todos somos iguales y nadie tiene privilegios. En ambos casos las reacciones de todos los sectores han sido furibundas. Han tildado a los fiscales de abusivos, locos, excesivos, etc. Nunca se ha visto una reacción así cuando se trata de gente común, será porque para muchos de ellos no todos somos iguales. Regidos por la lógica de los señores de siempre y los ciudadanos de nunca, son incapaces de aceptar la igualdad. Cuando dicen luchar por ella, en lo profundo creen estar haciendo un favor o una obra de caridad, son incapaces de pensarse iguales a los demás.

Más allá de si es legal o no, cuando un fiscal hace un pedido en representación de la sociedad y un juez lo acepta, debemos presumir la legalidad de esa decisión. En el caso de los árbitros la reacción fue total. Cuando es evidente para el sentido común que si las coimas se dieron por adendas que fueron sometidas a arbitrajes, entonces, los árbitros han tenido que saber del asunto. O es que es normal que un árbitro se reúna con una de las partes en un restaurante? Sin embargo, parecería que para muchos el pertenecer a la oligarquía blanca y adinerada del país es suficiente credencial de inocencia. Los argumentos en su defensa eran yo lo conozco (seguramente del club) y es una buena persona. Lo que se reveló es que eran “otros cuellos blancos” no los cholos del Poder Judicial, Ministerio Público o CNM, sino los “cuellos blancos de la Pucp o el Regatas”, por ello para muchos era inconcebible que hayan participado de coimas. Como nos enseñó hace 20 años Luis Bedoya Reyes, los blancos cometen pecados mientras que los cholos delitos.

Un impacto similar tuvo la decisión de allanar la Confiep y hacer desfilar a los “dueños del Perú” por la fiscalía. Un medio desnudando sus convicciones más íntimas se atrevió a insultar al fiscal llamándolo figureti. Hoy, gracias a ese “figuretismo” sabemos cómo los ricos entienden la política y creen que con el poder de su dinero son capaces de torcer la voluntad de los ciudadanos. Solo imaginar la miseria y el espanto que debe haber sentido el banquero más poderoso del país al ver los resultados de las elecciones en la que su dinero no pudo comprar la voluntad y la integridad de millones de peruanos, pese a que como un caquito tuvo que sacar en sacos el dinero para su candidata, es suficiente recompensa. Algunos de esos empresarios, seguramente conocían mejor las calles de Miami que las del centro de Lima cuando tuvieron que ir a comparecer ante el fiscal. De ahí su odio y rencor. Medios que antes apoyaban y respaldaban lo obvio, el buen trabajo del equipo de fiscales, hoy son sus peores críticos. Así creen que se deciden las cosas en el Perú. Pero podrán usar su dinero, sus medios, su poder, sus políticos, pero no podrán borrar la verdad que ha sido revelada por sus propias bocas llenas de temblor y temor. Hablaron porque saben que para estos fiscales todos son iguales ante la ley y que no les temblará la mano si tienen también que investigarlos.

Por eso el balance del 2019 es positivo y esperanzador. Pese a los ataques y arremetidas del poder hay esperanza en que una nueva república es capaz de ser construida. Queda en nosotros que todo este esfuerzo no quede en nada y podamos ver los resultados traducidos en sentencias justas. Seguramente seguirán usando el poder que les queda para torcer las decisiones de los jueces como lo hicieron con un Tribunal Constitucional anodino integrado por jueces que tienen entre sus familiares más cercanos a falsos aportantes. Por ello, la gran tarea del próximo Congreso es llevar adelante la reforma integral del sistema de justicia. Conformar una Comisión que investigue todos los casos de corrupción en la Corte Suprema y el Ministerio Público y proceder a la destitución de todos aquellos que hayan estado implicados. Esa es la gran tarea pendiente. Sólo así los fiscales y jueces podrán seguir trabajando sin ser amonestados, multados o hasta suspendidos por tonterías, cuando vemos cómo los corruptos siguen haciendo de las suyas con total impunidad.

Este 2020 será un año de definiciones. Para lograr concretar una lucha eficiente contra la corrupción será necesario seguir conociendo la verdad y apoyando a nuestros jueces y fiscales ante cualquier artero ataque, porque son ellos los que nos han devuelto la esperanza en la justicia igual para todos.